Los estafadores utilizan la Inteligencia Artificial para atacar a personas y organizaciones con mayor rapidez y eficacia que en el pasado. Así lo demuestra una investigación realizada por ACFE, la asociación global de expertos antifraude, y SAS, una empresa de análisis de datos.
La encuesta, realizada a 713 profesionales del sector, resalta la brecha existente entre los medios a disposición de los delincuentes y las defensas empresariales actuales. De hecho, solo el 7% de las compañías afirma estar preparada para enfrentar los fraudes basados en esta nueva tecnología.
Todas las modalidades de fraude basadas en la IA analizadas muestran un incremento en los últimos dos años. El mayor crecimiento se registra en la ingeniería social basada en deepfakes, con un aumento del 77%, mediante contenidos que imitan el rostro y la voz de personas famosas o cercanas a las víctimas. A esto le siguen las estafas a los consumidores, con un incremento del 75%, la falsificación de documentos, también con un 75%, y los ataques de inyección digital de deepfakes, que subieron un 72% y son empleados para eludir los sistemas de seguridad biométrica y los procesos de verificación de identidad.
Los expertos prevén una mayor expansión de estas amenazas durante el próximo bienio. Por el lado de la defensa empresarial se observan avances lentos. El 25% de las empresas emplea actualmente la IA en sus programas antifraude, lo que representa un crecimiento frente al 18% del año anterior.
Existe una situación crítica: aunque el 82% de los encuestados considera fundamental poder explicar el funcionamiento de sus sistemas defensivos basados en la IA, solo el 6% es capaz de hacerlo realmente. Según ACFE, esta falta de control expone a riesgos legales a los sectores más regulados, como la banca y los seguros.
Hasta la fecha, la biometría representa la tecnología de protección más extendida, adoptada por el 45% de las empresas. El uso de la Inteligencia Artificial generativa para fines defensivos se limita al 16%, mientras que los sistemas autónomos para la detección de fraudes se ubican en el 8%.
Fuente: Web. Editado por CDOL
