La seguridad digital se encuentra cada vez más vinculada a los equilibrios geopolíticos globales. En el contexto actual de inestabilidad internacional, el riesgo informático se ha incrementado para los ciudadanos, las empresas y las instituciones. Asimismo, la expansión de la Inteligencia Artificial acelera y hace más escalables las amenazas tecnológicas, aunque por otra parte proporciona nuevas capacidades de análisis y protección para los sistemas.
Bajo este escenario, los ataques de ransomware registraron más de 7.400 reclamaciones a nivel global durante el año 2025, lo que representa un incremento del 42%.
Estos indicadores forman parte de la segunda edición del informe sobre seguridad digital titulado «Análisis de las amenazas y evolución del escenario», un estudio realizado por la Cyber Security Foundation y la empresa de telecomunicaciones TIM, con la colaboración de su Centro de Estudios.
El documento fue presentado en la Cámara de los Diputados, y en este se concluye que la protección digital ya no constituye únicamente un asunto técnico, sino que se ha transformado en una condición indispensable para asegurar la continuidad de los servicios públicos, la competitividad de las empresas y la propia seguridad nacional.
A pesar del incremento de los incidentes, el informe identifica una tendencia positiva reflejada en el aumento de la concienciación y en una mayor cooperación entre las instituciones públicas, el sector corporativo y la comunidad técnica. Este factor ha permitido desarrollar capacidades concretas orientadas a la prevención, la respuesta oportuna y la resiliencia operativa frente a los vectores de ataque.
El presidente del Intergrupo Parlamentario para la Seguridad Informática y Tecnológica, Alessandro Colucci, señaló que las consecuencias de estos delitos tienen un impacto directo en la sociedad, poniendo como ejemplo la paralización de la atención médica en hospitales o la suspensión de trámites en municipios afectados por el secuestro de datos. El funcionario manifestó que es indispensable invertir en una cultura de seguridad preventiva que involucre desde la administración pública hasta las pequeñas y medianas empresas, los centros educativos y los servicios esenciales, instando al Parlamento a establecer normativas claras y recursos financieros adecuados para garantizar la protección ciudadana.
Fuente: Web. Editado por CDOL.
